La Contraloría Social es un mecanismo de control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos mediante el cual los beneficiarios contribuyen a que la gestión de dichos apoyos se realice en condiciones de transparencia y eficacia para el logro de los objetivos relacionados con los proyectos financiados con fondos PROMEP, FOMES/FIUPEA y PIFI.

 

Asimismo la Contraloría Social se define como "El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes".